El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reveló otro duro informe sobre la situación en Venezuela.
El texto, que abarca desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 30 de abril de este año, pone el foco en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales.
También hace referencia al Estado de Derecho y al grado de aplicación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores. Denunciaron la tortura y los malos tratos persistentes en el país.
Detalles del informe:
En 2022 hubo 362 imputaciones por tortura y 47 condenas, pero hay otras 91 denuncias de tortura presentadas por las víctimas o sus representantes. También que los desafíos persistentes y otros factores continuaron afectando negativamente los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud.
El personal sanitario y la sociedad civil en general denunciaron un entorno intimidatorio en el sector sanitario, incluidos arrestos y detenciones de personas que denunciaban las deficiencias del sistema de salud pública.
Las mujeres y los niños se ven desproporcionadamente afectados por el deterioro del sistema sanitario.
El marco legal venezolano sólo permite el aborto en los casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro. Como consecuencia de esto, a las mujeres no les queda más remedio que recurrir al aborto inseguro, una de las principales causas de mortalidad materna.
Se cerraron 16 estaciones de radio en todo el país y se bloquearon 44 páginas de Internet.
La falta de transparencia y de acceso a la información pública siguió siendo motivo de preocupación. Durante el período de estudio se registraron 71 solicitudes por parte de la sociedad civil, de las cuales, la mayoría no recibieron respuesta.
Hay 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, nueve de los cuales fueron detenidos, así como hostigamiento a siete dirigentes sindicales, secuestro de un familiar de un dirigente sindical y amenazas contra cuatro (una contra un familiar).
Se documentó 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 casos de estigmatización en redes sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos.
El informe denunció dos casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, en los que se produjeron retrasos en la investigación y juzgamiento de los autores.
se van a joder
Se cerraron 16 estaciones de radio en todo el país y se bloquearon 44 páginas de Internet
El personal sanitario y la sociedad civil en general denunciaron un entorno intimidatorio en el sector sanitario
si