República Dominicana. – El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, presentó la acusación formal contra 17 personas y una empresa vinculada a la red de narcotráfico y lavado de activos desarticulada mediante la Operación Arrecife.
La acusación incluye a Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, entre otros implicados, así como a la compañía Vidrios y Aluminios VIDAPOL SRL.
El órgano acusador solicitó al Juzgado de la Instrucción la apertura a juicio, asegurando que existen pruebas suficientes que vinculan a los procesados con actividades ilícitas. Los imputados enfrentan cargos por violaciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley 631-16 de Armas y diversos artículos del Código Penal dominicano.
En el caso de la empresa VIDAPOL SRL, fue acusada de violar varias disposiciones de la Ley 155-17, relacionadas con financiamiento del terrorismo y colocación de activos de origen ilícito.
En total, 27 personas han sido acusadas formalmente, entre ellas 25 físicas y dos jurídicas. El Ministerio Público recordó que en febrero pasado también fueron sometidos otros integrantes, incluidos Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, y la empresa Pescadería Omar Ortiz SRL.
La estructura criminal operaba en el país y a nivel internacional, dedicándose al tráfico de drogas y al lavado de activos provenientes de ese delito, en violación a la Ley 50-88. Durante la operación se incautaron 243 paquetes (250.58 kilos) de cocaína en República Dominicana, además de 328 kilos ocupados en Puerto Rico.
Las investigaciones determinaron que la red utilizaba el dinero proveniente del narcotráfico para adquirir bienes, simular ventas y mover grandes sumas dentro del sistema financiero. Esto permitió ampliar el caso con la Operación Arrecife 2.0, incorporando nuevos miembros.
La acusación fue sustentada con más de 700 pruebas documentales, testimoniales, periciales y audiovisuales, trabajadas por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.
Los titulares de Antilavado y de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, Ramona Nova y Juan Mateo Ciprián, calificaron este sometimiento como “un duro golpe que desequilibra a la organización criminal y evita su recomposición”.
El Ministerio Público espera ahora la fijación de la audiencia preliminar por parte del tribunal.
