El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió poner fin a las negociaciones de paz con una de las principales disidencias armadas del país, encabezada por alias “Calarcá”, tras acusarla de incumplir los compromisos adquiridos.
El mandatario cuestionó que el grupo haya continuado ejecutando acciones violentas —incluidos ataques contra militares y civiles— mientras se mantenía en la mesa de diálogo, lo que, a su juicio, invalida cualquier posibilidad de avanzar hacia un acuerdo.
“La paz requiere seriedad”, insistió Petro, al dejar claro que no se sostendrán procesos con actores que no respeten las reglas mínimas.
La ruptura afecta directamente uno de los frentes más importantes de su política de “Paz Total”, que buscaba negociar simultáneamente con todos los grupos armados activos en el país.
La decisión se suma a una cadena de fracasos en los intentos de diálogo del Gobierno. Las conversaciones con el Clan del Golfo también están estancadas, mientras que el proceso con el ELN se rompió tras una ofensiva violenta en la frontera.
A esto se añade el retiro de otra facción disidente de las FARC, liderada por Iván Mordisco, que reactivó ataques con explosivos y drones.
Lejos de debilitarse, varios de estos grupos han ampliado su capacidad operativa, lo que ha alimentado las críticas a la estrategia del Ejecutivo.
Con menos de cuatro meses en el poder, Gustavo Petro enfrenta un escenario complejo: su principal apuesta de gobierno pierde fuerza, mientras crecen las presiones políticas y de seguridad de cara al cambio de administración.
El fin de este proceso deja en el aire el futuro de la política de paz y reabre el debate sobre cómo enfrentar un conflicto armado que lleva más de seis décadas.
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