El proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana sobre “Ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres” evitaría la deportación de ilegales y de sus familiares en caso de ser víctimas de ese tipo de práctica.
La norma permitiría que las mujeres víctimas de la violencia, sin importar su estatus migratorio, gocen de las garantías procesales, como son protección y asistencia integral.
El artículo 77 establece que las mujeres que enfrentan actos de violencias, disfrutarán de las garantías procesales, además de las establecidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
El senador Dionis Sánchez advirtió que la pieza lesionaría la soberanía y que debería ser retirada por el Poder Ejecutivo o que sea modificada por el Congreso. Atribuyó el supuesto yerro a la improvisación del Gobierno y dijo que las iniciativas procedentes del Poder Ejecutivo, están “muy mal elaboradas” y suelen “chocar” con la Constitución.
Se refirió a las inmigrantes ilegales haitianas y dijo que cree que las autoridades están sucumbiendo a presiones internacionales.
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