La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que cualquier agente policial que incurra en una actuación contraria a la ley deberá responder por sus actos, al reiterar que ningún miembro de la institución está por encima de la ley.
Durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, la funcionaria sostuvo que la transformación de la Policía Nacional constituye uno de los principales procesos de fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno, orientado a elevar los niveles de supervisión, transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución.
«Si la Policía actuó mal, tiene que tener una sanción», expresó Raful, al enfatizar que «no vamos a apañar ni someter a la impunidad a nadie que haya violentado la ley dentro de una institución». En ese sentido, aseguró que toda actuación que comprometa la responsabilidad de un agente debe ser investigada y enfrentará las consecuencias correspondientes conforme al marco legal.
La ministra explicó que la reforma policial representa un cambio estructural en una institución que durante décadas no había sido sometida a un proceso de transformación de esta magnitud. Señaló que este esfuerzo requiere fortalecer los controles, corregir debilidades y consolidar una Policía más profesional, transparente y cercana a la ciudadanía, con una labor preventiva orientada a proteger vidas y garantizar la seguridad pública.
En ese mismo marco de fortalecimiento institucional, y con relación a las protestas ciudadanas, Raful reafirmó el compromiso del Gobierno con el ejercicio democrático y el derecho de la ciudadanía a expresarse pacíficamente. Manifestó que la responsabilidad de las autoridades es escuchar las inquietudes de la población y trabajar para atender sus demandas dentro del marco institucional y el respeto a la ley.
Asimismo, explicó que el proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional fortalecerá los mecanismos de supervisión sobre los agentes al institucionalizar los protocolos de evaluación, regular por primera vez el uso de la fuerza y robustecer los controles internos para garantizar mayores niveles de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función policial.
Raful reiteró que transformar una institución con más de nueve décadas de historia implica asumir decisiones difíciles y sostener un proceso permanente de evaluación y mejora. «Este Gobierno asumió el compromiso, la responsabilidad y el costo que conlleva esa transformación», afirmó, al asegurar que el objetivo es fortalecer la confianza ciudadana mediante una Policía más profesional, transparente y plenamente sometida al imperio de la ley.
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