El juez supremo peruano, Juan Carlos Checkley, declaró este jueves infundada la tutela de derechos presentada por el presidente de Perú, Pedro Castillo, con la que buscaba parar una investigación abierta en su contra por presuntamente liderar una organización criminal desde el Ejecutivo.
El recurso presentado por el mandatario se basó en la presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica, dado que la Constitución sólo permite su procesamiento, mientras ejerce el cargo, por casos de traición a la patria o impedir las elecciones.
Por eso, Castillo había solicitado que se anule la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada; sin embargo, el magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró para un diario local que lo que corresponde ahora es «apelar» y que será la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la que resuelva si la interpretación del juez Checkley «es correcta o incorrecta».
El jefe de Estado es investigado por las presuntas irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata II, una obra pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en la que están también implicados el exministro Juan Silva, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y dos sobrinos de Castillo.
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