Por presunta corrupción administrativa, varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, fueron apresados como parte de la operación denominada “Coral 5G”.
Uno de los detenidos es el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Juan Carlos Torres Robiou, a quien desde el caso Coral el Ministerio Público tenía en la mira.
El pasado mes de abril, el general Torres Robiou había sido señalado en el expediente por el alquiler de un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares, ubicado en el condominio Balcones del Atlántico, en la provincia de Samaná. El Ministerio Público consideró el caso “en extremo sospechoso”.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, el apartamento figura a nombre de Único Real State e Inversiones SRL, el cual está a nombre de la pastora Rossy Guzmán y de su hijo Tanner Flete Guzmán.
Único Real State “blanqueaba” las supuestas actividades ilegales de los involucrados en instituciones como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
A la red se le acusa de sustraer del Estado un total de RD$3,000,000,000 desde agosto del 2012, recursos que debieron ser destinados a gastos de operaciones de inteligencia del Cestur. ¿Cómo lo hacían? Las indagatorias señalan que el grupo de “asociación de malhechores” nombraba a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep con sueldos de entre 20 y 70 mil pesos, montos de los que los designados “solo recibían un porcentaje” y el restante debía ser depositado a la red.
El general Juan Carlos Torres Robiou, quien fungió como director de Cestur por siete años y separado del cargo cuando fue salpicado por la Operación Coral.
Ante el escándalo que generó el caso, el general piloto puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader, mediante una misiva dirigida al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, “con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación que tiene en curso”.
Tras ser mencionado en la Operación Coral, en mayo pasado fue destituido por el Poder Ejecutivo y se designó en el cargo como director interino al coronel Roberto Acevedo Tejada. En solo días el Gobierno nombró en el cargo al general Minoru Matsunaga, actual director de la institución.
Asímismo, el general Juan Carlos Torres Robiou alega ignorar que la institución que dirigía era permeada por el supuesto entramado de corrupción que desviaba fondos a la entidad, como asegura el órgano acusador.
Explicó que, como director del Cestur, solo firmaba los nombramientos individuales de oficiales de alto rango, como los directores regionales. Del resto del personal de menor rango el encargado de nómina del Cestur era Raúl Girón Jiménez, otro implicado del caso.
Girón en ese proceso admitió su participación señalando al coronel Núñez de Aza a quien en pleno juicio le indicó que no habría borrado los mensajes de WhatsApp que ambos sostenían permanentemente.
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