La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) consiguió una prórroga de dos meses para que concluir la investigación en contra de los imputados en el caso de supuesta corrupción militar, policial y religioso denominado Operación Coral.
La prórroga la fue otorgada por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía. El magistrado dijo que otorgó el plazo por la complejidad del caso, y que el mismo comienza a contarse a partir del próximo 16 de febrero. Además, ratificó la medida de coerción a los sindicados por corrupción.
El Pepca había solicitado un plazo de cuatro meses más para seguir preparando el documento acusatorio, sin embargo, solo le fueron concedido dos meses.
El titular del organismo persecutor, Wilson Camacho, dijo a su salida de la sala de audiencias, que el Ministerio Público depositó ante el tribunal todos los documentos necesarios para el otorgamiento de la prórroga y el mantenimiento de la medida de coerción.
Luego de esta prórroga el Ministerio Público se abocará a presentar la acusación formal en contra de los imputados.
«Mostraremos un acto conclusivo, con la profundidad necesaria y sobre todos los involucrados en este proceso», planteó Camacho.
El Ministerio Público señala al mayor general Adán Cáceres Silvestre como el cabecilla que supuestamente creó un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Además de Cáceres Silverstre, guardan prisión preventiva desde mayo de 2021, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro José Montero Cruz, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y su madre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez.
Por el mismo caso cumple arresto domiciliario el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, que colaboró con la investigación del Ministerio Público.
Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción, entre otros delitos.
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