El Senado de Argentina aprobó este jueves la reforma de la Ley de Glaciares de 2010, en una sesión marcada por fuertes tensiones políticas y cuestionamientos de sectores ambientalistas.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei, obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Con esta media sanción, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento en el período ordinario que inicia el 1 de marzo.
Según el Gobierno, la reforma busca “ordenar el marco normativo vigente” y corregir lo que considera interpretaciones arbitrarias que, a su juicio, han generado inseguridad jurídica y frenado inversiones, especialmente en el sector minero.
Uno de los puntos más debatidos es la redefinición de qué glaciares y zonas periglaciares deben integrar el Inventario Nacional de Glaciares. El nuevo texto establece que solo serán protegidos aquellos que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y abastecimiento de cuencas.
Además, la propuesta contempla otorgar mayor autonomía a las provincias para determinar en qué áreas podrían desarrollarse actividades mineras, lo que ha despertado preocupación entre organizaciones ambientales.
Diversos sectores advierten que la reforma podría debilitar la protección de ecosistemas de alta montaña y afectar el acceso al agua. El senador Daniel Pablo Bensusán, de La Pampa, sostuvo que los cambios “perjudican muchísimo el agua, un bien tan fundamental”.
En paralelo, activistas de Greenpeace se manifestaron frente al Congreso en rechazo a la iniciativa, reclamando que la protección de los glaciares debe mantenerse como política de Estado.
La discusión continuará ahora en Diputados, donde se prevé un nuevo debate sobre el alcance ambiental y económico de la reforma.
La política y el medioambiente muchas veces chocan fuerte.
Los glaciares son reservas estratégicas de agua, eso no es poca cosa.
Cuando se toca una ley ambiental, el debate siempre es intenso.