Una jueza del Tribunal Superior del condado de Pima, en Arizona, Kellie Johnson, ha dictaminado retirar la suspensión de una ley de antes de que Arizona fuera un estado que prohíbe en la práctica y bajo amenaza de consecuencias penales cualquier interrupción del embarazo salvo en casos de peligro para la madre.
La norma había estado suspendida desde hace 50 años, pero ahora ha sido restaurada, por lo que las clínicas y su personal tendrán que cesar de inmediato las prácticas abortivas con medios químicos, farmacológicos o quirúrgicos bajo amenaza de penas de entre dos y cinco años de prisión, según recoge la radio pública estadounidense NPR.
El fiscal general del estado, el republicano Mark Brnovich, había solicitado anular la suspensión hace un mes después de que el pasado 24 de junio el Tribunal Supremo anulara el reconocimiento del derecho al aborto a nivel federal dejando su legislación a cada estado.
«Aplaudimos al tribunal por defender la voluntad del legislador y dar claridad y uniformidad a esta cuestión tan importante», ha apuntado Brnovich tras conocer el fallo.
La Presidencia estadounidense ha advertido ya de que se trata de una decisión «peligrosa» y que «sitúa a las mujeres de Arizona hace más de un siglo, cuando Arizona ni siquiera era un estado».
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