Estados Unidos eliminó las sanciones financieras que pesaban sobre el juez brasileño Alexandre de Moraes, figura clave en los procesos judiciales contra el expresidente Jair Bolsonaro. El nombre del magistrado ya no aparece en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, según se verificó este viernes.
La decisión coincide con un momento de acercamiento político entre Washington y Brasilia, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retomara contactos con Luiz Inácio Lula da Silva. Este giro diplomático ocurre casi al mismo tiempo que la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que podría reducir la condena de Bolsonaro, una medida vista con buenos ojos por Estados Unidos.
Las sanciones contra De Moraes habían sido impuestas en julio, cuando el juez ordenó medidas cautelares contra el exmandatario en el proceso por intento de golpe de Estado. Amparado en la Ley Magnitsky, Washington le retiró el visado e impuso restricciones financieras, alegando irregularidades y violaciones a derechos humanos.
En medio de esa tensión, Trump elevó los aranceles a las exportaciones brasileñas hasta un 50 % como reacción al proceso judicial contra Bolsonaro, quien finalmente fue condenado a 27 años de prisión por intentar revertir el resultado electoral de 2022, que dio la victoria a Lula.
Sin embargo, la dinámica cambió en los últimos meses. Trump y Lula retomaron el diálogo tras coincidir inesperadamente en los pasillos de la Asamblea General de la ONU en septiembre. Ambos afirmaron que hubo “química” en esa conversación inicial, lo que abrió la puerta a contactos más formales.
Después de una llamada telefónica, ambos mandatarios se reunieron el 26 de octubre en Kuala Lumpur, Malasia, calificando el encuentro como positivo. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, celebró este jueves la aprobación del proyecto de ley que podría reducir la pena de Bolsonaro, señalando que el vínculo bilateral empieza a mejorar.
La propuesta aún debe ser votada en el Senado y, de aprobarse, quedará en manos de Lula decidir si la promulga o la veta. Bolsonaro, con este proyecto, podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años.
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