La Administración del presidente Donald Trump anunció este jueves la imposición de sanciones contra cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), a quienes acusa de participar en “acciones ilegítimas e infundadas” contra ciudadanos de Estados Unidos e Israel.
Los magistrados sancionados son:
• Solomy Balungi Bossa, de Uganda
• Beti Hohler, de Eslovenia
• Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú
• Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín
Según explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, las sanciones responden a que los jueces “participaron directamente en esfuerzos de la CPI por investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de EE.UU. o de nuestro aliado Israel, sin el consentimiento de ninguno de los dos países”. Rubio recordó que ni Estados Unidos ni Israel son signatarios del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
“Como jueces de la CPI, estas personas han estado involucradas en acciones politizadas que pretenden atribuirse una autoridad ilimitada para investigar y enjuiciar a ciudadanos estadounidenses e israelíes”, expresó Rubio. “Hago un llamado a los países que aún respaldan a esta Corte, cuya libertad fue adquirida en gran parte gracias a los sacrificios estadounidenses, para que se opongan a este ataque vergonzoso”.
Las sanciones se producen en medio de una investigación de la CPI sobre posibles crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza, incluidos los bombardeos y operaciones militares israelíes que han dejado un alto número de víctimas civiles.
En febrero, la administración republicana también sancionó al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, acusándolo de abuso de poder por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Desde mayo, Khan se encuentra suspendido de sus funciones debido a una investigación interna por presunta conducta sexual inapropiada.
En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, condenó públicamente las sanciones, defendiendo la independencia judicial: “Los tribunales internacionales deben ser libres para ejercer su labor sin presiones políticas”.
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