República Dominicana.– El presidente Luis Abinader promulgó este domingo la Ley 97-25, que reforma el Código Procesal Penal en cumplimiento de la sentencia TC 0765-24, la cual ordenó sustituir la normativa vigente. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, explicó que esta actualización incorpora criterios del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, apostando por un marco procesal más acorde con los principios democráticos.
Peralta destacó que el nuevo texto moderniza y fortalece parte esencial de los 28 principios del proceso penal, consolidando un modelo más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de Derecho. La ley será publicada en la Gaceta Oficial este lunes y entrará en vigencia el martes en el Distrito Nacional y el miércoles en el resto del país.
Entre los cambios más relevantes, la reforma amplía los mecanismos de resolución de conflictos, incorporando justicia restaurativa, acuerdos, conciliación, criterios de oportunidad, procedimientos abreviados y suspensión condicional del proceso para casos sancionados hasta con cinco años de prisión.
El consultor jurídico resaltó además que el nuevo marco fortalece notablemente el derecho de defensa: se amplía el plazo para que la defensa presente escritos, se permite solicitar contraperitajes con mayor facilidad y se introducen límites claros para los archivos provisionales, que ahora tendrán un máximo de dos años.
En materia de medidas de coerción, se establecen reglas estrictas para el arresto, las órdenes de comparecencia y la revisión obligatoria, garantizando criterios de necesidad, razonabilidad y motivación. También se incorpora el principio de plazo razonable, fijando un máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco para complejos.
La reforma elimina el mecanismo del “nuevo juicio”, otorgando mayor efectividad al recurso de apelación y permitiendo que las cortes instruyan el proceso conforme al modelo de juicio, asegurando así un verdadero doble grado de jurisdicción.
Según Peralta, estas transformaciones buscan una justicia penal más rápida, especializada y eficaz, orientada a la solución del conflicto y armonizada con el nuevo Código Penal. Destacó que en la construcción de esta reforma participaron legisladores, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y representantes del sector jurídico, quienes lograron acuerdos importantes tras meses de trabajo.
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