El gobierno del presidente argentino Javier Milei restringió este jueves el acceso de periodistas a la Casa Rosada, en una medida que generó fuertes críticas desde el sector mediático, organizaciones y la oposición política.
Sin previo aviso, se desactivó el sistema de huellas dactilares que permitía el ingreso diario de unos 60 comunicadores acreditados, lo que en la práctica les impide desarrollar sus labores dentro de la sede del Ejecutivo.
Desde el Gobierno, el secretario de Medios, Javier Lanari, justificó la decisión como una acción preventiva vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal, con el argumento de garantizar la seguridad nacional.
La medida se produjo poco después de que el Ejecutivo denunciara a dos periodistas del canal Todo Noticias (TN), acusándolos de haber grabado imágenes dentro del edificio oficial sin autorización.
El cierre del acceso provocó el rechazo de entidades como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que expresó su preocupación por el impacto de la decisión en la libertad de expresión y el derecho a la información. En la misma línea, otras organizaciones del sector calificaron la acción como grave desde el punto de vista institucional.
Los periodistas afectados evalúan recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo, mientras que legisladores opositores acudieron a las inmediaciones de la sede gubernamental para exigir explicaciones y manifestar su respaldo a la prensa.
Además, organismos internacionales como Amnistía Internacional advirtieron sobre un deterioro en el clima para el ejercicio del periodismo en el país, señalando un aumento de la tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación.
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