El Gobierno boliviano activó una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales por un proceso judicial relacionado con trata de personas agravada y estupro.
La denuncia lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien habría tenido un hijo, y señala que los padres de la víctima se habrían beneficiado económicamente al entregarla a Morales a cambio de favores.
La Fiscalía emitió una orden de aprehensión desde octubre, pero su ejecución no ha sido posible por la protección que recibe Morales en Cochabamba. La supuesta víctima pertenecía a «Generación Evo», un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia.
El Gobierno asegura que la Policía está en alerta, aunque dirigentes sociales afines a Morales han advertido que no permitirán su captura, incluso amenazando con posibles enfrentamientos si las autoridades ingresan a las zonas controladas por el exlíder. Morales participó recientemente en un acto masivo en Cochabamba, donde sus seguidores lo ratificaron como candidato para las elecciones de 2025, incluso si llega a estar detenido.
En medio de este contexto, Morales ha acusado al Gobierno de Luis Arce de orquestar un plan para extraditarlo a Estados Unidos o Argentina, países donde enfrenta otras investigaciones.
Este conflicto ocurre en medio de una división creciente dentro del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), entre los sectores leales a Morales y los alineados con el actual presidente Arce.
