Al menos 26 personas, entre ellas 16 niños, han sido asesinadas en varios pueblos a lo largo del río Sepik, en la provincia de Sepik del Este, en el norte de Papúa Nueva Guinea. Las autoridades están investigando el caso como una posible disputa territorial.
Las matanzas comenzaron el 17 de julio en el pueblo de Tamara y se extendieron a Tambari y Agrumara en los días siguientes. Los atacantes violaron a las víctimas antes de matarlas, y además incendiaron y saquearon propiedades, según informa el diario papú ‘The National’.
La Policía ha identificado a 33 sospechosos, aunque aún no ha realizado detenciones mientras se centra en proporcionar asistencia y apoyo a los supervivientes.
El diario ‘Post Courier PNG’ reporta que la mayoría de los cuerpos han sido decapitados o arrojados al río Sepik, conocido por su población de cocodrilos. Algunos pueblos aún están llenos de cadáveres que no han podido ser retirados.
Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su «horror» por el «impactante brote de violencia mortal», que atribuyó a una disputa sobre la propiedad y los derechos de uso de terrenos y agua.
Es fundamental que las autoridades de Papúa Nueva Guinea trabajen con las comunidades locales para abordar las causas subyacentes de estos conflictos y promover el diálogo y la resolución pacífica de disputas.
La comunidad internacional debe presionar para que se investigue exhaustivamente este terrible crimen y para que se tomen medidas efectivas para prevenir su repetición.
Estos ataques subrayan la necesidad de abordar de manera urgente los problemas de disputa territorial y derechos de uso de tierras en Papúa Nueva Guinea para evitar más tragedias.
La ONU y otras organizaciones de derechos humanos deben intervenir rápidamente para ayudar a prevenir futuros brotes de violencia y para promover la paz y la reconciliación en la región.
La ONU no sirve para eso la ONU coge los países en crisis como relajó
El hecho de que los cuerpos hayan sido arrojados al río Sepik, habitado por cocodrilos, agrava aún más esta situación ya de por sí horrible. Es una crisis humanitaria que requiere atención urgente.
Es esencial que las autoridades locales y la comunidad internacional brinden apoyo inmediato a los sobrevivientes y a las comunidades afectadas por estos trágicos eventos.
La violencia reportada es completamente inaceptable y debe ser investigada a fondo para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.
Mis condolencias a las familias afectadas y espero que encuentren justicia pronto.
Es devastador y alarmante conocer sobre estos ataques brutales en Papúa Nueva Guinea, especialmente contra niños.
Dios le de conformidad a sus familiares