Una evaluación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) señala que la ofensiva contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico no ha logrado disminuir el ingreso de cocaína al país, según reveló este lunes The Washington Post.
El análisis, que aún no ha sido divulgado oficialmente, indica que las operaciones militares contra 67 embarcaciones no modificaron el suministro ni los precios de la droga en territorio estadounidense. En cambio, las organizaciones criminales habrían cambiado sus estrategias para evadir los controles.
Según el informe, los grupos dedicados al narcotráfico redujeron el uso de lanchas rápidas y comenzaron a utilizar embarcaciones más grandes, además de modificar sus rutas hacia zonas con menor vigilancia para disminuir el riesgo de intercepción.
La evaluación también señala un aumento en el uso de aeronaves procedentes de pistas clandestinas ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela, con trayectos hacia Guyana y Surinam como parte de nuevas vías para movilizar cargamentos.
Funcionarios del Pentágono habrían informado a legisladores estadounidenses que las operaciones no lograron reducir la pureza de la cocaína que circula en Estados Unidos.
“Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro. Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan”, afirmó un funcionario de la DEA citado por el medio bajo anonimato.
La Administración del presidente Donald Trump inició en septiembre de 2025 la operación denominada “Lanza del Sur”, enfocada inicialmente en el Caribe y posteriormente extendida al Pacífico oriental, como parte de una estrategia contra organizaciones criminales transnacionales.
Aunque el Pentágono defendió la operación y aseguró que ha generado presión sobre las redes del narcotráfico, la DEA sostiene que los grupos criminales continúan adaptándose a las acciones estadounidenses.
El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, afirmó que el cambio de tácticas por parte de los narcotraficantes no demuestra el fracaso de la estrategia, sino que refleja la presión ejercida sobre sus operaciones.
La campaña también ha generado cuestionamientos por parte de organismos internacionales. Según recuentos citados por The Washington Post, los ataques contra embarcaciones han dejado 221 personas fallecidas.
Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado estas acciones, al considerar que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y advertir sobre la muerte de personas que no estarían vinculadas directamente al narcotráfico.
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