El caso de una niña de 11 años embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte del padre de su padrastro ha reabierto el debate en Bolivia sobre el aborto, entre quienes defienden el derecho de la menor a interrumpir la gestación y quienes lo rechazan.
El hecho se registró en el municipio de Yapacaní, en la región de Santa Cruz, donde la menor vivía bajo el cuidado de quien fue su agresor de 61 años, ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo, informó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).
Actualmente, la niña tiene alrededor de 21 semanas de gestación y se encuentra recibiendo atención médica en un centro de maternidad en Santa Cruz.
La denuncia la presentó la tía de la víctima, después de que la menor comentó a una prima «que sentía unos movimientos extraños en su vientre».
La madre solicitó la interrupción del embarazo acogiéndose a una senencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre, según declaraciones de la directora ejecutiva de la asociación feminista Casa de la Mujer, Ana Paola García.
Desde el jueves pasado, la Defensoría de la Niñez y otras organizaciones lograron gestionar los permisos para interrumpir el embarazo.
Sin embargo, tras una serie de declaraciones de organizaciones y la Iglesia católica, que condenaron el hecho, pero insistieron en continuar con la gestación, la madre de la menor decidió no llevar a cabo el aborto, informaron medios locales.
La menor había manifestado previamente a una junta médica que «no quiere ser madre», por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación, explicó García.
Por su parte, la Iglesia católica se ha comprometido a apoyar a la víctima y a su bebé, en caso de que el embarazo siga adelante.
El aborto en el país sudamericano es legal «bajo condiciones de delitos de carácter sexual» desde 1970, y a partir del fallo constitucional de 2014, se permite la interrupción «con la fotocopia simple de la denuncia» y «con el procedimiento informado a la víctima», detalló la directora de la Casa de la Mujer.
Según cifras de la organización, en 2020, se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone, según García, que «104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales seis son menores de 13 años».
Mientras tanto, el agresor fue detenido y enviado al penal de Montero con prisión preventiva por seis meses.
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