La Comisión Europea advirtió que España aún enfrenta importantes desafíos en materia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento del Estado de derecho, al considerar insuficientes los avances en la prevención de conflictos de intereses y en la investigación de casos que involucran a altos funcionarios.
En su informe anual sobre el Estado de derecho en los países de la Unión Europea, el organismo reconoce las iniciativas impulsadas por el Gobierno español para mejorar el sistema judicial, pero señala que persisten retrasos significativos en la tramitación de procesos, especialmente aquellos relacionados con grandes casos de corrupción.
El documento también subraya que las medidas para prevenir los conflictos de intereses siguen siendo limitadas. Aunque España ha promovido proyectos como la Ley de Integridad Pública, Bruselas entiende que su implementación aún no ofrece resultados suficientes y recomienda fortalecer la independencia del organismo encargado de supervisar estas normas, además de otorgarle facultades sancionadoras.
La Comisión Europea vuelve a insistir en la necesidad de reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante un modelo que garantice una mayor independencia del órgano y reduzca la percepción de influencia política en el sistema judicial.
En relación con la Fiscalía General del Estado, el informe valora los avances registrados durante el debate de una reforma que desvincularía el mandato del fiscal general de la duración de la legislatura, aunque recuerda que la iniciativa sigue pendiente de aprobación y exhorta a agilizar su tramitación.
Otro de los aspectos señalados es la falta de una regulación definitiva sobre los grupos de interés o lobbies. Bruselas considera prioritario aprobar un registro público y obligatorio que refuerce la transparencia en la elaboración de políticas públicas.
En contraste, la Comisión destaca los progresos alcanzados en materia de acceso a la información pública, especialmente con la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, y anima a completar ese proceso junto con la futura Ley de Administración Abierta.
A nivel comunitario, el informe resalta la entrada en vigor de la nueva Directiva Europea contra la Corrupción, que obliga a los Estados miembros a reforzar la persecución de delitos como el soborno y la malversación. No obstante, advierte que la efectividad de estas medidas dependerá de que las investigaciones concluyan con decisiones judiciales firmes, sobre todo cuando involucren a figuras con poder político o económico.
Como novedad, la Comisión Europea anunció que el cumplimiento de las recomendaciones sobre Estado de derecho estará vinculado al acceso a futuros fondos comunitarios, reforzando la relación entre el respeto a la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la asignación de recursos europeos.
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