El Gobierno de Sebastián Piñera acusó al Estado Plurinacional de Bolivia de facilitar el paso irregular de ciudadanos venezolanos, que son recibidos en un clima de racismo y xenofobia. Mediante el diálogo se intentará regularizar el flujo migratorio.
Desde hace un año, Chile recibe a cientos de migrantes por día, a través de sus fronteras con Perú y Bolivia. Muchas personas cruzan de manera ilegal y terminan durmiendo en la vía pública en poblaciones chilenas. Esto provocó varios ataques xenófobos contra quienes recién llegan al país, principalmente de Venezuela. Por esta situación el presidente Sebastián Piñera militarizó el norte del país, donde también rige el Estado de excepción.
El historiador chileno Máximo Quitral evaluó que «la militarización ni siquiera ha provocado temor en los migrantes. Se piensa que con este tipo de acciones las personas que están moviéndose entre las fronteras se van a sentir intimidadas, atemorizadas, pero no ha ocurrido eso».
Días atrás, las cancillerías de Bolivia y Chile emitieron un comunicado conjunto, en el cual coincidieron «en la importancia de esta nueva etapa de relacionamiento bilateral que se desarrolla en el marco de la Hoja de Ruta acordada entre ambos gobiernos el 30 de abril del 2021».
En la reciente reunión virtual, autoridades de ambos países acordaron iniciar tres mesas de trabajo binacionales, para tratar «problemáticas fronterizas», como el contrabando y comercio ilegal; cuestiones migratorias; la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, «así como activar el Grupo de Trabajo en Cooperación Policial a la brevedad», manifestaron en el comunicado.
Bolivia y Chile «concordaron abordar estas materias y avanzar, en el marco de una política de Estado, hacia soluciones que permitan combatir el crimen transnacional organizado, con particular énfasis en el contrabando y el control migratorio».
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