República Dominicana. – La jueza Miolany Herasme, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal, otorgó libertad bajo fianza a los tres imputados por la explosión del lunes 14 de agosto en esa ciudad, que resultó en la pérdida de 37 vidas y 59 heridos.
En concreto, la magistrada fijó medidas de coerción de un millón de pesos para Maribel Sandoval y su hija Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, así como impedimento de salida y presentación periódica.
Para Edward Vidal, propietario de Vidal Plast y principal imputado en el caso, la fianza es de 300,000 pesos en efectivo. Para él, la jueza dispuso también la imposición de grillete electrónico, presentación periódica e impedimento de salida. El Ministerio Público pedía un año de prisión preventiva para Edward Vidal.
La magistrada acogió el pedimento del MP y declaró el caso complejo, pero rechazó cesar las operaciones de la empresa.
Representantes de las víctimas informaron a la salida del tribunal que apelarán la decisión. «Esta medida apunta a un descargo total de todos los imputados, pareciera que este proceso es un ejemplo de impunidad en este pueblo. Nosotros estamos preparando de inmediato un recurso de apelación para apelar esta medida», señaló el abogado Manuel Arciniegas, representante de los familiares de Tito Manuel Ortega Cruz, una de las víctimas de la explosión.
El representante de los imputados, Norberto Rondón, indicó que apelará la medida que impone grillete electrónico para Edward Vidal, debido a que alegadamente sufre de diabetes.
«A los estrados se va a ganar o a perder. Esto es un proceso que va a tardar años», consideró Rondón.
Espero que este caso no se convierta en un ejemplo de impunidad y que finalmente se haga justicia para las víctimas y sus familias.
La salud de Edward Vidal no debería ser una excusa para reducir las medidas de precaución. La seguridad pública debe estar por encima de todo.
El abogado de los imputados parece estar minimizando la gravedad de la situación. La justicia no debería tardar años en servirse.
Apoyaré cualquier esfuerzo de apelación que busque responsabilizar a los culpables y garantizar que no haya impunidad.
La seguridad de la sociedad debería ser la prioridad, y la jueza debería haber impuesto medidas más severas, especialmente considerando el número de víctimas.
Es comprensible que las víctimas y sus familias estén indignadas por esta decisión. La apelación es una acción necesaria en busca de justicia.
El Ministerio Público tenía razón al pedir un año de prisión preventiva para el principal imputado. La fianza es demasiado baja dadas las circunstancias.
No entiendo cómo la jueza puede permitir que la empresa continúe operando después de una explosión tan devastadora. Esto es inaceptable.
Aplaudo la decisión de la jueza de declarar el caso como complejo, pero debería haberse tomado medidas más estrictas para garantizar que los responsables no escapen.
Es indignante que la jueza haya otorgado libertad bajo fianza a los imputados por una tragedia que cobró tantas vidas. ¿Dónde está la justicia?