El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que restringirá la entrada de cinco funcionarios de Cuba «conectados» a los procesos judiciales contra cientos de personas detenidas por las protestas opositoras de julio, si bien no ha dado sus identidades.
El Departamento de Estado norteamericano ha descrito como «injustos» tanto los juicios como las sentencias. En este sentido, ha justificado la necesidad de actuar frente a «las acciones de funcionarios cubanos que niegan los Derechos Humanos básicos y las libertades fundamentales».
Con este último anuncio, la Administración de Joe Biden amplía la lista de sancionados que ya actualizó en noviembre de 2021 y en enero de 2022 y con la que quiere dejar claro «el compromiso de apoyar al pueblo cubano», al margen de las críticas que este tipo de medidas suelen generar en La Habana.
La Fiscalía cubana ha informado precisamente este jueves de nuevas condenas vinculadas a las movilizaciones de julio contra 33 personas, con penas de hasta 18 años de cárcel. El lunes, ya había elevado a 381 los sancionados por la presunta comisión de delitos en el marco de las protestas.
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