La Audiencia Provincial de Barcelona ordenó imputar a la alcaldesa de la ciudad del mismo nombre, Ada Colau, por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones contra un fondo inmobiliario.
El tribunal estimó parcialmente el recurso interpuesto por la empresa Vauras Investments «contra la resolución del juzgado de inadmitir su querella», según consta en el auto judicial dictado.
La empresa inmobiliaria acusa a Colau y otros tres funcionarios municipales de haberle obligado a ceder diversos inmuebles de su propiedad para alquileres sociales mediante supuestas coacciones y extorsiones entre 2019 y 2020.
En concreto, el Ayuntamiento habría amenazado a la querellante con «no conceder determinadas licencias de obras o no desbloquear las que tenía paralizadas».
El tribunal ve preciso indagar en este «presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas» trayendo a declarar como investigados a Colau y los funcionarios supuestamente implicados.
También observa un posible delito de prevaricación en «retrasos deliberados en el despacho de licencias de obras» al fondo inmobiliario, así como otras «actuaciones supuestamente arbitrarias» que habría llevado a cabo el Ayuntamiento para presionar a la empresa.
La inmobiliaria Vauras fue multada por el Ayuntamiento, tal como marca la ley regional de vivienda, por negarse a ofrecer un alquiler social a familias vulnerables que estaban ocupando un bloque de pisos del que es propietaria en Barcelona.
