El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el exsenador de Azua, Rafael Porfirio Calderón Martínez, al considerar que existen elementos de prueba suficientes para que responda ante un tribunal de fondo por su presunta participación en el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Calamar.
La decisión fue adoptada por la magistrada Sofía Bruno De Los Santos, quien acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Según la acusación, el exlegislador habría formado parte de una estructura dedicada a gestionar pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública. El Ministerio Público sostiene que Calderón, aprovechando su cercanía con el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, intervenía para agilizar la autorización de desembolsos por deudas administrativas del Estado.
Los fiscales afirman además que el exsenador exigía a propietarios legítimos el pago de comisiones que oscilaban entre un 40 % y un 70 % de los montos recibidos por concepto de acuerdos transaccionales, los cuales, según el expediente, carecían de sustento legal.
La acusación también señala que Calderón habría utilizado una red de presuntos testaferros para ocultar el origen de los recursos obtenidos, entre ellos Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, así como las empresas Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A., vinculadas a Omar Manuel Miqui Arias.
Las investigaciones financieras del Ministerio Público estiman que el exsenador habría obtenido beneficios ilícitos ascendentes a RD$165,297,166.71 mediante estas operaciones.
Con la decisión del tribunal, Rafael Calderón deberá enfrentar un juicio de fondo en el que se determinará su responsabilidad penal respecto a las acusaciones formuladas por el Ministerio Público dentro del caso Calamar.
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