Un grupo de manifestantes causó destrozos e incendios este jueves en la Gobernación de la provincia de Chubut, al sur de Argentina, para rechazar la promulgación de una ley que permite la denominada ‘megaminería’, que acababa de ser aprobada por la Legislatura. También se reportaron incidentes en el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo Deliberante, entre otros edificios públicos de Rawson, la capital provincial.
La jornada estuvo marcada por enfrentamientos entre protestantes antimineros y las fuerzas de seguridad. Frente a la sede del Poder Ejecutivo, hubo piedrazos, perdigones policiales y gases lacrimógenos, mientras la casa de gobierno ardía en llamas.
De hecho, el humo se veía desde cualquier punto de la ciudad.
Los incidentes se produjeron en un contexto de masivas movilizaciones en toda la provincia. Esta semana, miles de personas marcharon por las calles de diversas urbes, principalmente en Esquel y Comodoro Rivadavia. En esta última jurisdicción, fuerte bastión de la minería argentina, hubo una marcha multitudinaria.
Desde el miércoles, se produjeron detenciones y organismos de derechos humanos denunciaron una represión desmedida por parte de la Policía provincial. En Rawson, hubo lesionados: «Se presentaron 11 pacientes con diversas heridas leves, la mayoría tienen contusiones. Algunos son heridos de postas de goma y uno es atendido por inhalación de gases», le dijo a Télam la directora del hospital Santa Teresita, Paula Morales. Entre los atendidos, seis eran uniformados.
¿Por qué se produjo esta reacción?
La ley de Zonificación de la Actividad Minera fue aprobada el miércoles por 14 votos a favor y 11 en contra, habiendo sido propuesta por el Poder Ejecutivo provincial el año pasado. La promulgación final fue lanzada este jueves por el Gobierno del peronista Mariano Arcioni.
En concreto, la normativa permite la minería en los departamentos de Gastre y Telsen. Quienes apoyan la medida, destacan que no se permite el uso de cianuro y que la práctica extractiva no incluye a la cordillera provincial. El Consejo Federal de Minería, compuesto por las provincias y el Gobierno nacional, señaló que «se trata de una ley moderna», prometiendo «trabajo genuino e inversiones que naturalmente llegarán a La Meseta Central y localidades aledañas».
Quienes se oponen, afirman que es una ley hecha «a medida» de la compañía canadiense Pan American Silver, con serias intenciones de iniciar el proyecto Navidad en la meseta chubutense. También subrayan que se va a utilizar xantato y policriamida, usado para obtener ácido sulfúrico en la extracción de minerales, muy temido por los protectores del agua limpia. Entre los críticos, hay investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de la Patagonia (UNP).
La normativa es una excepción a la Ley 5.001, que prohíbe la megaminería con cianuro, pero en un artículo señala que se pueden determinar jurisdicciones permitidas. Así, en los nuevos sectores involucrados, se podrá extraer plata, cobre y plomo, utilizando la minería metalífera química.
En cuanto al Poder Legislativo provincial, que es unicameral, en el último tiempo ya se registraron algunos escándalos vinculados al llamado ‘lobby’ minero. El más llamativo trascendió en diciembre del 2020, cuando un diputado local ligado al macrismo, Sebastián López, apareció en un video pidiendo dinero y protección de su imagen a cambio de sus servicios políticos beneficiando a las mineras.
Ahora, en medio de la desconfianza de muchos vecinos y las asambleas ambientalistas, las paredes de la Casa de Gobierno aparecieron con una pintada hecha con aerosol: «Traidores».
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