El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7 de Buenos Aires inició este jueves el juicio por presunta corrupción más grande en la historia de Argentina, con 87 imputados, encabezados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
De acuerdo con la Fiscalía, la exmandataria, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes son acusados de liderar o integrar una asociación ilícita que entre 2003 y 2015 habría recaudado sobornos de empresas de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales.
El proceso se desarrollará con audiencias semanales entre noviembre y diciembre, y a partir de marzo de 2026 se sumará una segunda jornada por semana. La mayoría de las audiencias se realizarán de forma virtual. Por su complejidad, se prevé que el juicio se extienda por varios años.
Fernández de Kirchner —quien ya cumple una condena por otra causa de corrupción— es señalada como líder de la organización y coautora de 204 casos de cohecho pasivo. Antes de la apertura del proceso, la exmandataria calificó el juicio como “otro show judicial”.
“Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y distraer la atención”, escribió en su cuenta de X.
Fernández acusó al poder político y judicial de usar el caso para desviar la atención mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa reformas que, según ella, afectan a los sectores más vulnerables.
“Mantuvieron la operación cuadernos truchos en la heladera, lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones”, añadió.
Entre los funcionarios imputados figuran Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; Roberto Baratta, exsubsecretario; Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte; y José López y Juan Pablo Schiavi, exsecretarios de Obras Públicas y Transporte.
El juicio también sienta un precedente por la cantidad de empresarios de alto perfil involucrados, entre ellos Ángelo Calcaterra (primo del expresidente Mauricio Macri), Enrique Menotti Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Rudy Ulloa y Cristóbal López.
Las defensas de 47 empresarios y cuatro exfuncionarios habían ofrecido reparaciones económicas y entrega de bienes como parte de un acuerdo, pero la Fiscalía rechazó todas las propuestas con la frase:
“En esta fiscalía no se vende impunidad”.
La investigación comenzó en 2018 tras la publicación, por el diario La Nación, de los llamados “cuadernos de las coimas”, supuestamente escritos por Óscar Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Baratta.
En ellos se detallaban entregas de dinero, lugares y fechas vinculadas a sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas. Sin embargo, los cuadernos originales nunca aparecieron, ya que Centeno aseguró haberlos quemado. El caso avanzó con fotocopias, posteriormente cuestionadas por posibles alteraciones.
El fiscal Carlos Stornelli acusó a Cristina y Néstor Kirchner de organizar un sistema paralelo de recaudación de dinero ilícito proveniente de adjudicaciones de obras públicas.
Con el inicio del juicio, se abre una nueva etapa judicial en Argentina, donde la expresidenta y actual líder opositora deberá defenderse ante la justicia en el proceso más extenso y polémico de los últimos años.
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