República Dominicana.- La Junta Central Electoral (JCE) estableció el procedimiento para el registro y habilitación de las firmas encuestadoras interesadas en realizar estudios de opinión con fines electorales de cara a las elecciones de 2028.
El organismo electoral informó que las empresas nacionales e internacionales deberán cumplir una serie de requisitos técnicos y administrativos para poder realizar mediciones sobre la favorabilidad de aspirantes y dirigentes políticos.
La JCE precisó que la publicación o difusión de encuestas y sondeos electorales estará prohibida antes del primer domingo de julio de 2027, fecha en la que inicia oficialmente el período de precampaña, conforme a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
“Queda prohibida la publicación o difusión, por cualquier medio, de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales fuera del plazo legal establecido”, establece el reglamento enviado a los medios de comunicación.
El documento advierte que las firmas encuestadoras que incumplan la disposición podrán enfrentar sanciones administrativas, entre ellas suspensión temporal de su registro por un período de seis meses a un año, cancelación definitiva en caso de reincidencia y otras medidas contempladas por la ley.
La normativa también aclara que los partidos políticos y aspirantes podrán realizar encuestas para uso interno antes del inicio de la precampaña, aunque esos resultados no podrán hacerse públicos. En caso de divulgación, tanto las organizaciones políticas como las empresas contratadas podrían ser objeto de sanciones o medidas cautelares.
Asimismo, la JCE indicó que las encuestas tipo “boca de urna” o exit poll deberán ser notificadas al organismo con al menos ocho días de anticipación a las elecciones. El incumplimiento podría derivar en multas de entre uno y 200 salarios mínimos.
El reglamento también obliga a las firmas encuestadoras a actualizar anualmente su documentación y detallar aspectos técnicos de cada estudio, incluyendo metodología, margen de error, nivel de confianza, representatividad, preguntas realizadas y cantidad de personas que no respondieron.
La entidad advirtió que el incumplimiento de estos requisitos podría provocar la revocación del registro y la pérdida de la habilitación para operar en procesos electorales.
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