Un juez federal en Boston está evaluando una petición de 18 fiscales generales estatales para bloquear la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Esta audiencia se produce tras decisiones judiciales previas en Seattle y Maryland, donde jueces federales suspendieron temporalmente la orden al considerarla inconstitucional.
Los fiscales, respaldados por ciudades como San Francisco y Washington, argumentan que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución y que la acción de Trump es una violación flagrante de la 14ª Enmienda.
En el centro del debate está la interpretación de la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda, ratificada en 1868, y la decisión de la Corte Suprema en el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark (1898), que estableció que todos los nacidos en suelo estadounidense, excepto hijos de diplomáticos y ciertos grupos específicos, adquieren automáticamente la ciudadanía.
La administración Trump argumenta que los hijos de inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y, por lo tanto, no deberían ser ciudadanos, una postura que los fiscales consideran contraria a precedentes legales de más de un siglo.
Además de la cuestión legal, los estados demandantes advierten que la medida de Trump tendría un impacto negativo en los fondos estatales destinados a servicios esenciales, como atención médica, educación y asistencia social para niños de bajos recursos.
También sostienen que despojar a cientos de miles de niños de su ciudadanía afectaría gravemente sus derechos y su integración en la sociedad. Mientras el juez de Boston considera la solicitud, el debate sobre la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un tema central en la política migratoria de Estados Unidos.
