República Dominicana.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra seis personas acusadas de integrar una presunta red dedicada a la trata de personas, explotación sexual comercial y proxenetismo en la provincia de Puerto Plata.
La solicitud fue presentada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Puerto Plata ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa jurisdicción.
Entre los imputados figuran los dominicanos Franklin Alberto García Brito, conocido como “Quijá”, Rosa Iris Almarante, Belkis María Salas Díaz de Heinsen, así como las ciudadanas haitianas Loudena Inalien y Nehemie Granicher, además del ciudadano suizo Peter Herman Granicher.
Según el expediente acusatorio, Franklin Alberto García Brito y Loudena Inalien serían los principales responsables de una estructura criminal que operaba desde el establecimiento “Disco Drinks Río Verde Punto Final”, ubicado en la carretera Puerto Plata-Sosúa, donde presuntamente explotaban sexualmente a mujeres captadas en condiciones vulnerables.
Las investigaciones también vinculan a Rosa Iris Almarante con actividades de proxenetismo en el negocio “Car Wash Masa”, mientras que Nehemie Granicher y Peter Herman Granicher habrían promovido servicios sexuales en el centro nocturno “El Secreto Bar Disco”, en Cabarete.
Por su parte, Belkis María Salas Díaz de Heinsen, propietaria de “La Choza Bar y Restaurante”, enfrenta acusaciones relacionadas con trata de personas y explotación sexual comercial.
El Ministerio Público sostiene que las víctimas, en su mayoría mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social, eran captadas y alojadas para ser sometidas a esquemas de explotación sexual con fines lucrativos.
Durante un operativo realizado el pasado fin de semana en distintas zonas de Cabarete y Sosúa, las autoridades ejecutaron siete allanamientos y rescataron a 62 mujeres presuntamente víctimas de explotación sexual, entre ellas 51 dominicanas y 11 haitianas.
En las intervenciones participaron miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos, junto al Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales y la Fiscalía de Puerto Plata.
Las autoridades informaron además que durante los allanamientos ocuparon armas de fuego, vehículos, celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentos vinculados a las actividades investigadas.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para este miércoles 27 de mayo.
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