República Dominicana.- La Policía Nacional informó que su intervención como fuerza pública en el proceso de desalojo que se ejecuta en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, responde al cumplimiento de una decisión judicial correspondiente a un caso con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
La institución precisó que su actuación se circunscribe exclusivamente a brindar apoyo a la ejecución de la orden de desalojo, la cual ha sido debidamente emitida por el Abogado del Estado, en el marco de sus competencias legales.
La información fue ofrecida por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien presentó la resolución emitida por el Abogado del Estado, así como la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y demás documentos que sustentan la legalidad del procedimiento.
“Estamos actuando en estricto apego al marco constitucional y legal vigente, en cumplimiento de una decisión jurisdiccional definitiva, respaldada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y ejecutada conforme a la autorización del Abogado del Estado”, expresó Pesqueira.
El operativo cuenta con la participación de unidades especializadas antimotines, preventivas, tácticas y de inteligencia, las cuales operan en acompañamiento de los alguaciles actuantes, únicos facultados legalmente para ejecutar la medida de desalojo conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial competente.
En ese contexto, el vocero policial reiteró que el rol de la Policía Nacional en este tipo de intervenciones se limita a garantizar el mantenimiento del orden público, proteger la integridad física de las personas involucradas y prevenir situaciones que puedan derivar en alteraciones o hechos de violencia, actuando bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
Pesqueira precisó que la institución del orden reafirma su compromiso de continuar actuando como órgano de apoyo a las autoridades judiciales y administrativas, garantizando que este tipo de procesos se desarrollen de manera pacífica, segura y conforme al ordenamiento jurídico vigente.
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