República Dominicana.- La Procuraduría General de la República inició una investigación penal para esclarecer presuntas irregularidades cometidas dentro de varias áreas protegidas del país, incluyendo ocupaciones ilegales, daños ambientales y posibles maniobras fraudulentas relacionadas con la emisión de títulos de propiedad.
La medida fue dispuesta por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien además ordenó la conformación de una fuerza de tarea especial para profundizar las indagatorias y revisar todos los actos jurídicos y administrativos que hayan permitido titulaciones en terrenos protegidos.
Las pesquisas abarcarán el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baníy el Parque Nacional Hoyo del Pino. En estos espacios se examinarán los procedimientos que hayan derivado en la adjudicación de terrenos, a fin de determinar si se violaron normativas ambientales o patrimoniales.
El equipo investigador estará encabezado por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y contará con la participación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Procuraduría de Medio Ambiente, la unidad antilavado, la Unidad de Investigación Inmobiliaria y el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.
Asimismo, se dispuso la elaboración de un informe conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente para evaluar la situación legal y el impacto de los presuntos delitos ambientales en las 134 áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El Ministerio Público busca establecer si detrás de estas acciones existen estructuras organizadas, actos de corrupción o esquemas que hayan facilitado el apoderamiento indebido de bienes que forman parte del patrimonio natural del Estado.
Si hay ocupaciones ilegales, deben desalojarse conforme a la ley
Las zonas protegidas no pueden convertirse en negocio de nadie
Ya era hora de que se investigaran esas irregularidades en áreas protegidas