El pleno de la Suprema Corte de Justicia de México resolvió el lunes, por unanimidad, que la pena de prisión perpetua estipulada en el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua es inconstitucional. La decisión se basó en que dicha pena viola el derecho a la reinserción social garantizado por el artículo 18 de la Constitución.
El fallo surgió a raíz de un amparo presentado por Juan Carlos Gámez Bernal, condenado a prisión perpetua por homicidio calificado de cuatro personas en 2014. La Corte devolvió el caso al Tribunal Colegiado para que revise la pena aplicable, señalando que debe ajustarse a los estándares constitucionales y oscilar entre 20 y 50 años, según lo previsto para el delito.
La Corte subrayó que declarar inconstitucional la prisión perpetua no implica dejar impune el delito, sino garantizar que las penas respeten derechos fundamentales como la posibilidad de reintegrarse a la sociedad.
Este fallo establece un precedente que podría impactar otros casos en México, cuestionando la proporcionalidad y efectividad de las penas extremas en el sistema penal.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, encargado del proyecto, señaló la importancia de esta resolución en la búsqueda de un equilibrio entre justicia punitiva y derechos humanos.
