El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que ese organismo actúa con un “sesgo” que concentra de manera desproporcionada sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos.
La información fue dada a conocer por el canciller Félix Plasencia, quien explicó que, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la decisión fue comunicada oficialmente al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
En un comunicado difundido a través de la red social X, Plasencia sostuvo que el patrón de actuación de la CPI demuestra que la justicia internacional “ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y la soberanía”.
El diplomático afirmó además que el supuesto sesgo del tribunal “no es una simple coincidencia procesal”, sino el reflejo de una institución que, según dijo, ha puesto sus mecanismos “al servicio de intereses ajenos a la justicia”.
Asimismo, calificó como una estrategia de “lawfare” las acciones emprendidas contra Venezuela, al asegurar que representan una persecución política contra el país.
Finalmente, el Gobierno venezolano reiteró su compromiso con una justicia internacional “verdaderamente equitativa”, basada en el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos.
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