El Parlamento de Japón promulgó el sábado una ley para reducir las solicitudes dolosas de donaciones de grupos religiosos y de otro tipo, una medida dirigida principalmente contra la Iglesia de la Unificación, cuyas tácticas de recaudación de fondos y estrechos lazos con el partido gobernante han causado la indignación pública.
Los lazos que el grupo religioso con sede en Corea del Sur ha tenido durante décadas con el Partido Liberal Democrático, en el poder en Japón, salieron a la luz tras el asesinato en julio del exprimer ministro Shinzo Abe.
El primer ministro Fumio Kishida, cuyo nivel de popularidad se ha desplomado, intentó aplacar la ira pública derivada de su manejo del escándalo y ha reemplazado a tres ministros del gabinete, uno por sus lazos con la Iglesia, otro por un desatino relacionado con la pena capital y un tercero por problemas de financiamiento político.
La nueva ley, aprobada durante la sesión parlamentaria de clausura de este año, consiente a los creyentes, otros donantes y sus familias buscar la devolución de su dinero y prohíbe a los grupos religiosos y otras organizaciones solicitar efectivo mediante coacción, amenazas o la vinculación de donaciones a la salvación espiritual.
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