La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos relacionados con los bloqueos masivos que paralizaron el país durante 53 días.
La disposición, firmada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruye a la Policía a capturar y trasladar a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción, tras denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
La investigación atribuye al exmandatario los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, atentado contra los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos.
Las acusaciones se originan por los bloqueos registrados entre mayo y junio, cuando más de 100 puntos de protesta fueron instalados en distintas regiones del país. Según datos oficiales, las manifestaciones dejaron 22 fallecidos, 88 heridos y pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares, además de provocar desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.
Tras conocerse la orden, Morales rechazó las acusaciones y denunció una persecución política.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.
El expresidente también aseguró que buscan responsabilizarlo de las protestas para desviar la atención de la crisis económica y social que enfrenta Bolivia.
La orden de captura también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, este último detenido de manera preventiva desde principios de julio. Mientras tanto, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, donde continúa resguardado por sus seguidores.
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